La seguridad, un tema político que parece de gran interés pero es un paradigma de protagonismo

A diario nos damos cuenta cómo el arco iris de banderas políticas con diferentes insignias y colores sale disputando quién habla mejor o quién ofrece mejores cosas, dando la impresión de un mercado de barrio que oferta la verdura; lamentablemente, en este caso no se dan cuenta de que no están ofertando nada más ni nada menos que la vida de todos nosotros, los guatemaltecos, que como siempre somos la mercancía para el mejor postor con el menor precio de cotización.

Todos los partidos políticos con sus diferentes representantes, afiliados, seguidores, oferentes o como se les quiera llamar vienen mencionando que dentro de sus planes de gobierno tienen contemplada como prioridad la seguridad ciudadana, para que nuestro país esté libre de tanta delincuencia. ¿Verdad o mentira?

Si tomamos en consideración la concepción más común, la palabra política denota desconfianza y escepticismo, lo que provoca un significado contrario a su esencia, ya que se le relaciona con una actividad demagógica principalmente desarrollada por los políticos que buscan un puesto por medio de la manipulación.

¿Qué es realmente la política? De forma genérica hace referencia a “la traza o arte para conducir y resolver un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado”. A partir de esta definición podemos entender que la política se refiere a cualquier actividad encaminada a lograr un fin, ya sea resolviendo un conflicto u obteniendo el resultado deseado; entonces la política se encuentra como toda actividad social colectiva, formal o informal, pública o privada, pues esta abarca todas y cada una de las actividades humanas de cooperación y conflicto dentro de las sociedades.

Focalizándonos nuevamente en lo que nos concierne a la seguridad, podemos encontrar que la seguridad ciudadana puede plantearse al menos en cuatro dimensiones que muestran la necesidad de las fuerzas políticas progresistas de preocuparse por el tema:

1. La dimensión de los derechos humanos: la amplitud de la violencia criminal traduce una masiva violación de los derechos básicos, sobre todo de los dos derechos humanos más elementales: el derecho a la vida y a la integridad física. La “anarquía” de la delincuencia violenta constituye la principal amenaza para los derechos humanos; contrariamente a las décadas de los 70 y 80, en las cuales este peligro emanó directamente del terrorismo de Estado o de las dictaduras militares, en la actualidad ya no se dan ese tipo de hechos ni de enfrentamientos armados, pero sí se da una inapropiada aplicación de los derechos humanos en nuestro país en razón de que son protegidos los infractores de la ley. La víctima pasa a ser el elemento negativo y, si esta se llega a defender, es casi masacrada por derechos humanos.

Otra de las falencias existentes es que, teniendo una normativa constitucional y un Código Penal vigentes, aunque la pena de muerte figure en la normativa, no es aplicable; continuamos con la protección al delincuente. ¿Y será que el delincuente no pone en práctica la pena de muerte? Claro que la pone de manifiesto, porque si su víctima no le brinda lo solicitado este la ajusticia y, quien dice algo, nadie; todo queda con total impunidad.

1. La dimensión política: el alto nivel de delincuencia evidencia que el Estado no cumple con su rol fundamental. La seguridad pública es una función política básica, vital para el ejercicio de todos los derechos ciudadanos.

No se trata de un bien público más, sino del bien público por excelencia. En este sentido, la seguridad pública da origen al Estado moderno como único titular del uso de la coerción y de la violencia legítima. La falta de cumplimiento por parte del Estado de sus responsabilidades para garantizar la seguridad pública socava la aceptación de la democracia como sistema de gobierno.

La poca credibilidad del gobierno se asocia con su incapacidad para frenar la delincuencia y para garantizar la seguridad ciudadana. Pero más allá de este efecto indirecto, la criminalidad tiene un efecto directo sobre las capacidades y posibilidades de la ciudadanía de participar plenamente en la vida política. ¿Realmente los políticos proporcionan estos espacios?

En la actual contienda electoral, en la que todos hacen concurso por mostrar más “micarías”, cuando un ciudadano con todo el derecho que le reviste la Constitución de la República y apelando a sus conocimientos científicos, profesionales y éticos solicita participar o aportar ideas para un bien común ante los partidos políticos, no importando qué monito tengan por logo, pasan dos situaciones importantes: la primera, no le dan ni la hora en sus pretensiones porque temen que vayan a robar espacios; la segunda es que se le tome en consideración pero se le subestime a una postura no participativa más que solamente presencial. Si realmente se diera o se organizara una sociedad civil sólida y articulada, contaríamos con mayor funcionalidad para el fortalecimiento de la seguridad nacional.

Luego nos encontramos con otros personajes que coadyuvan a que la seguridad y la prevención del delito queden nada más en el tintero. Las fuerzas de seguridad pública, Policía Nacional Civil en su caso, detienen a un infractor en flagrancia; este es consignado como corresponde a los tribunales de justicia y, en el momento en que deben aportar las evidencias, el Ministerio Público o no las presenta, o las ha perdido, o simplemente no se apersona; y ese personaje que fue tomado en flagrancia con diez o quince ingresos a la cárcel va de nuevo a las calles a continuar con su sagrado trabajo. O nos puede pasar otra situación en que el Ministerio Público sí cumplió con los preceptos legales, pero los aplicadores de justicia, en este caso el organismo judicial, le “calientan la mano” al infractor, pues como la necesidad es grande tendremos nuevamente a ese delincuente en nuestras calles. ¿Realmente se está cumpliendo un debido proceso en nuestro país o se está cumpliendo un debido derrame de corrupción? El Estado necesita un mínimo de orden y seguridad; asimismo, la autoorganización política y asociativa de la ciudadanía necesita también condiciones mínimas de seguridad ciudadana y una fiscalización justa a todos los órganos de prevención de la delincuencia, investigación y los que

1. La dimensión de la justicia social: la inseguridad en la que vive gran parte de la población es un aspecto particularmente brutal de la desigualdad existente en la sociedad. Como todos los derechos sociales, el derecho a la seguridad está distribuido de manera sumamente desigual. Mientras los sectores A, B y C1 —denominados estos como la crema innata de la sociedad, donde encontramos empresarios, políticos y narcotraficantes— viven en condiciones de seguridad aceptables; la clase media baja y los pobres tienen que vivir con altísimos y crecientes índices de criminalidad e inseguridad.

El riesgo de ser víctima es más alto mientras más pobre se es. En este sentido, la situación de inseguridad ciudadana es un reflejo de la sociedad ante un Estado indiferente o ante un grupo de políticos que buscan más el beneficio propio que el de la población, con una aplicabilidad de recursos muy mínima respecto al porcentaje real que debería emplearse.

1. La dimensión político-partidaria: la seguridad ciudadana siempre ha implicado problemas para las fuerzas políticas progresistas, y esto no solo en América Latina. Puesto que el progresismo apenas ha reaccionado con lentitud al aumento de la criminalidad en la sociedad moderna guatemalteca, las fuerzas políticas conservadoras y de derecha han logrado transformar el tema en una de sus mejores armas político-electorales. La importancia creciente que los electores tienden a dar al problema de la seguridad ha significado la debilidad del discurso programático y político, lo cual pone en riesgo la realización y continuidad de los proyectos de corte progresista.

Se debe dar un proceso de reflexión sobre el desafío político y social que el tema de la inseguridad constituye para las fuerzas progresistas de la región; se debe asumir políticamente con seriedad y profesionalismo la importancia que merece la seguridad ciudadana, pues es una función política básica, vital para el ejercicio de los derechos ciudadanos, una condición previa a la libertad individual y colectiva. La política progresista tiene como meta urgente superar la distribución desigual del bien público “seguridad” y organizar la protección eficiente de las poblaciones menos favorecidas que hoy padecen particularmente la inseguridad y la violencia.

Para ello es importante capacitar y abrir institutos que den formación en criminología y criminalística con bases sólidas sobre la seguridad ciudadana y la prevención del delito dentro de nuestro país; con ello podremos obtener mayor efectividad en la solución a nuestro gran problema llamado delincuencia y falta de seguridad.

Licda. Cicely Sanchez

Master en Criminología y Criminalística