La prevención del delito y la política criminal en Guatemala

"La Política Criminal, Prevención del Delito", en nuestro país es un programa que contempla la problemática de la política criminal y que permite tomar decisiones sobre la misma; es un tanto difícil pero no imposible.

Tendríamos que saber si los ciudadanos están conformes con la clasificación o selección de los delitos y hacia dónde se orienta el mayor esfuerzo investigativo o represivo.

La forma en que se proyecta y ejecuta la reacción organizada contra la delincuencia depende de los medios con que cuenta el Estado. Por ello, para tener un conocimiento exacto de política criminal se debe tener en cuenta la realidad socioeconómica que ha influido en su estructura y que condiciona su aplicación.

La situación socioeconómica que se vive en nuestro país, Guatemala, por ser un país dependiente, es el resultado de un largo proceso de colonización española. Aquí nos preguntamos: ¿cómo reacciona el Estado contra el delito, qué política o estructura social tiene para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos?

Necesitamos un cambio, sí, para que se apliquen las leyes en forma adecuada y para que un Estado de derecho funcione, pero debe de existir un casamiento con los otros órganos como los de seguridad, de investigación y aplicación de la ley (PNC, MP, OJ).

En la actualidad pareciera a simple vista que esto está funcionando de maravillas, pero llegando a las verdaderas estructuras nos damos cuenta de que no es así. ¿Por qué razón? Por una parte, la Policía Nacional Civil desarrolla la política social general del Estado y su trabajo de prevención del delito, o de seguridad pública, deteniendo a los infractores del orden social (delincuentes), muchos de ellos en flagrancia; acto seguido son consignados a los tribunales de justicia como corresponde, y justamente allí empieza el desfase de este proceso legal.

Por una parte, aun cuando se ha encontrado a la persona en flagrancia y se tienen todas las evidencias necesarias para encaminar un debido proceso, el Ministerio Público no las aporta por negligencia, porque las ha perdido, y si las aporta lo hace fuera del tiempo determinado, o simplemente no se apersona; primera falla que deberá ser corregida. Luego pasamos a los órganos de justicia: al no tener las evidencias que incriminen al sindicado, aun cuando haya sido encontrado en flagrancia, estos lo dejan en libertad por falta de mérito; o bien, si las evidencias están presentes pero existe una buena retribución económica, lo liberan. El caso penal quedó impune y el delincuente regresa a las calles a su trabajo habitual. Con esto no se implica que todos del Ministerio Público o todos del Organismo Judicial actúan de esta forma, pero sí la mayoría.

Bajo estas circunstancias es cuando las jerarquías de estos órganos deberían ejercer más control sobre las personas que laboran para ellos. ¿Y cómo hacerlo siendo tantos? Muchas denuncias de ciudadanos no son escuchadas, sino archivadas; se deben realizar inspecciones y solicitar informes en tiempo real de las actividades desempeñadas. A la persona a quien se le encuentre que dichas inspecciones o informes están alterados, o cuyas actitudes no son las que debería cubrir la plaza que desempeña, definitivamente darle por cancelado su contrato laboral.

Existen otras formas de velar por la prevención del delito no solo por parte del Estado sino también por la misma ciudadanía. Si realmente existe la preocupación de que los altos niveles delincuenciales están desbordando nuestro país, es necesario constituir juntas locales de seguridad ciudadana; en muchos departamentos y municipios existen; ¿realmente están cumpliendo con sus cometidos deseados?

Para que una junta local de seguridad ciudadana funcione como debería, en primer lugar debe ser capacitada sobre los derechos y obligaciones que tiene en función de sus actividades, para que esta no viole los derechos ciudadanos y, lejos de contribuir, no se convierta en un mal para la población.

Si se conforman las juntas locales de seguridad ciudadana y estas trabajan conjuntamente con los alcaldes municipales de su población, brazo a brazo; solicitando ante la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el Organismo Judicial la suscripción de convenios en los cuales el alcalde y su junta local de seguridad se constituyan como vigilantes y garantes de estos órganos en la aplicación de prevención del delito y la aplicación de un debido proceso, realmente sería mucho más efectivo este proceso, ya que estos órganos trabajarían bajo la sombra de una población y su representante gubernamental. Con ello obtendríamos más agilidad y economía procesal, erradicación, si no en su totalidad, al menos en gran parte de la corrupción existente, más confiabilidad en la justicia y disminución en los actos de linchamiento.

Con todo esto, ¿qué vamos a lograr a nivel nacional, si el gobierno central por falta de recursos, indiferencia, negligencia, incapacidad o desconocimiento en materia de seguridad ciudadana no quiere fomentar realmente políticas criminales eficaces para el país? Dando estos primeros pasos mermaríamos un buen porcentaje de la inseguridad nacional y quedaría al gobierno únicamente la responsabilidad de la implementación: educación, salud, fuentes de trabajo para cerrar el círculo con la propuesta anterior e iniciar un camino real hacia la prevención del delito y la aplicabilidad de una política criminal funcional dentro de Guatemala."

Licda. Cicely Sanchez

Máster en Criminología y Criminalística