Cuando el caudillismo ya no necesita una constituyente

Durante los años de auge del chavismo muchos observadores identificaron una secuencia casi mecánica para desmontar una democracia desde adentro. Primero se agitaba la idea de la refundación nacional, luego se convocaba una consulta popular con aire redentor, más tarde aparecía la constituyente y, al final del trayecto, el gobernante lograba reordenar tribunales, parlamento, fuerzas armadas y sistema electoral para dejar abierto el camino de la reelección. A ese procedimiento se le conoció en buena parte del continente como una receta importada desde Caracas, aderezada con petróleo, propaganda y una retórica de confrontación permanente entre el pueblo puro y las instituciones supuestamente podridas.

No cabe duda de que aquel libreto dejó una marca profunda. También dejó una enseñanza para sus propios promotores: el expediente constituyente era útil, pero demasiado visible. Movilizaba alarmas, generaba resistencias internas, activaba a la oposición y convertía el intento en una batalla frontal. La consulta, la promesa de la nueva república y el relato de la patria traicionada podían entusiasmar a los seguidores, aunque al mismo tiempo exhibían con demasiada claridad el verdadero objetivo, que casi siempre era el mismo: alterar los límites al poder presidencial y subordinar a los demás poderes públicos a las apetencias personales del jefe de turno.

Por eso el caudillismo regional aprendió a prescindir, cuando le conviene, de la constituyente. El caso de Nicaragua es ilustrativo. Daniel Ortega regresó al poder en 2007 favorecido por pactos previos que habían debilitado la competencia electoral. Dos años después, en 2009, la Sala Constitucional de la Corte Suprema, dominada por magistrados afines, declaró inaplicable la prohibición de reelección. No hubo allí una gran asamblea refundacional que llenara plazas con consignas épicas. Bastó una sentencia. En 2014 el régimen terminó de retirar los límites a la reelección y completó la concentración de poder. El desenlace es conocido: persecución de opositores, cancelación de partidos, encarcelamiento de precandidatos presidenciales en 2021 y un país convertido en patrimonio político de una familia.

Bolivia ofreció otra variante del mismo fenómeno. Evo Morales ya había obtenido amplias ventajas con la constituyente aprobada durante el apogeo del eje bolivariano, pero en 2016 encontró un freno cuando perdió el referendo que buscaba habilitar una nueva repostulación. El voto popular dijo que no. Un año después, el Tribunal Constitucional dijo que sí. Lo hizo con un argumento que rozó el absurdo jurídico: presentó la reelección indefinida como un supuesto derecho humano. La voluntad ciudadana quedó subordinada a una interpretación hecha a la medida del gobernante. Ese episodio debería estudiarse con detenimiento en toda la región, porque revela una mutación peligrosa: cuando el caudillo no gana en las urnas la autorización para perpetuarse, procura obtenerla de un tribunal disciplinado.

El Salvador ha llevado esta lógica un paso más allá. En 2021, la nueva Asamblea Legislativa, bajo control del oficialismo, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. Fue una operación fulminante, realizada sin las garantías mínimas de independencia. Poco después, una Sala recompuesta permitió la reelección presidencial inmediata, pese a que el texto constitucional salvadoreño había sido entendido durante décadas en sentido contrario. Más tarde, el prolongado régimen de excepción, con resultados visibles en la reducción de homicidios y con un fuerte respaldo social, le dio al Ejecutivo una capacidad de control político y territorial poco común en tiempos democráticos. La caída de la violencia es un dato que nadie serio debería ocultar. Pero otra cosa es aceptar que el éxito de una política de seguridad autoriza a desarmar todo límite institucional. Ese intercambio suele salir caro, aunque al principio muchos lo aplaudan.

Venezuela, por su parte, muestra el momento posterior del proceso. Allí la constituyente sí fue utilizada de forma abierta y reiterada, primero con Chávez y luego con Maduro. Sin embargo, cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional en 2015, el régimen ya no necesitó convocar de inmediato a una ciudadanía entusiasmada por una nueva refundación. Le bastó vaciar de competencias al parlamento electo, apoyarse en el Tribunal Supremo y, en 2017, crear una Asamblea Nacional Constituyente paralela para sustituir en los hechos al poder legislativo legítimo. Desde entonces, el sistema funciona con elecciones administradas desde la desigualdad, inhabilitaciones selectivas y una burocracia política que reparte premios y castigos. La vieja épica revolucionaria se fue desgastando, pero el mecanismo de control quedó intacto.

Si se observan juntos estos casos aparece un patrón reconocible. Primero se desacredita a las instituciones existentes y se presenta a los jueces, fiscales, diputados o periodistas como agentes de una conspiración oligárquica o extranjera. Después se procede a ocupar los cargos estratégicos con figuras obedientes, a veces mediante mayorías parlamentarias y a veces mediante interpretaciones forzadas de la ley. Luego se modifica el terreno electoral, ya sea por reformas expresas, por decisiones administrativas o por una asfixia constante sobre la oposición. Finalmente, el gobernante transforma cualquier crítica en amenaza contra la paz, la seguridad o la patria. Ese trayecto puede ocurrir sin tanques en la calle y sin una ruptura espectacular. Tal vez por eso resulta más difícil de combatir.

La sociedad, además, suele llegar cansada a este punto. Corrupción acumulada, partidos desprestigiados, servicios públicos precarios, migración creciente, inseguridad feroz. En ese contexto muchos ciudadanos terminan viendo a las instituciones como obstáculos y no como garantías. El caudillo aprovecha ese malestar y ofrece atajos. Promete decisiones rápidas, castigos ejemplares, orden y una idea simple de justicia. A cambio pide paciencia frente a los abusos de los suyos. El cálculo es casi siempre el mismo: mientras el golpe recaiga sobre un enemigo impopular, una parte del país mirará hacia otro lado. Pero las libertades rara vez se pierden de una sola vez. Se van por partes, un decreto aquí, una sentencia allá, una elección con menos competencia, un fiscal menos autónomo, un medio de comunicación más silenciado.

Conviene, por tanto, mirar menos los discursos encendidos y más los actos administrativos. Cuando un gobierno pretende nombrar magistrados sin procedimientos transparentes, conviene prestar atención. Cuando el oficialismo cambia reglas electorales a pocos meses de una votación, también. Cuando se militariza de manera permanente la seguridad interior, se normaliza el estado de excepción, se vuelve opaco el presupuesto o se persigue a organizaciones civiles mediante trámites fiscales y judiciales, el deterioro ya está en marcha. Ninguno de esos movimientos, por separado, parece definitivo. Sumados, producen una alteración profunda del régimen político. Allí reside la eficacia del nuevo caudillismo: avanza por acumulación y, cuando finalmente es reconocido, ya controla demasiadas palancas.

Honduras conoce bien el costo de las fracturas institucionales convertidas en bandera ideológica regional. Por eso convendría aprender de lo ocurrido después en el continente. El peligro actual ya no se presenta siempre bajo la forma tosca de una consulta para abrir la puerta a una constituyente. Puede aparecer en la colonización partidista del poder judicial, en el uso faccioso del ministerio público, en la captura del organismo electoral o en la tentación de gobernar con enemigos imaginarios para justificar cada exceso. Cualquier fuerza política, de izquierda o de derecha, que procure someter la legalidad a la voluntad del caudillo termina recorriendo un camino conocido. Cambian los lemas. La vocación hegemónica permanece.

También la comunidad internacional ha mostrado una incoherencia persistente. En la década pasada algunos gobiernos excusaban los desmanes del llamado socialismo del siglo XXI con el argumento de la soberanía popular y la justicia social. En años recientes otros actores han preferido callar cuando el gobernante de turno ofrece cooperación en materia migratoria, de seguridad o de negocios. El resultado es una diplomacia que suele reaccionar tarde, cuando la independencia judicial ya fue demolida y la competencia electoral es apenas decorativa. Un deterioro institucional serio no comienza el día de la gran crisis, comienza mucho antes, cuando todavía es posible detenerlo y muchos deciden no hacerlo porque el afectado es un adversario ideológico.

Hay, sin embargo, una lección que los sectores democráticos deberían asumir de una vez. Defender las reglas solo cuando gobierna el contrario es una forma segura de perderlas. La autonomía de los jueces, la alternancia, la libertad de prensa y los límites temporales al poder deben protegerse incluso cuando estorban al gobernante que uno apoya. De otro modo, la política termina convertida en una competencia por ver quién captura primero el Estado para utilizarlo contra el rival. Esa lógica ya ha producido suficientes ruinas en América Latina. No hace falta adornarla con eufemismos académicos para reconocer lo que es: la degradación calculada de la república.

En conclusión, el viejo combo promovido por el chavismo no desapareció con la muerte de Chávez ni con el desgaste de su retórica. Se volvió menos aparatoso y, en ciertos casos, más eficaz. La constituyente, que antes era el anuncio visible de la tormenta, ha sido reemplazada muchas veces por la sentencia complaciente, la mayoría legislativa sumisa y la emergencia prolongada. Allí está el problema de nuestro tiempo político. El caudillismo ya no siempre entra con una urna adicional en la mano. En ocasiones entra con toga, con decreto y con aplausos.