Derecho territorial del Estado de El Salvador (I)

Territorio

Esta palabra procede del latín «terra», tierra, y, según otros, del verbo «terrere» (desterrar): parte de la superficie terrestre sometida a la jurisdicción de un Estado, provincia, región o municipio.

La acepción anterior es restringida, en cuanto el territorio abarca el subsuelo o profundidad y el espacio aéreo o altura.

Kelsen plantea que: «Tanto el ámbito espacial de validez del orden jurídico, como el espacio en el que el Estado ejerce su poder fáctico, posee tres dimensiones. La validez del orden jurídico o, si se quiere, la eficacia del poder del Estado, se extiende no solo en longitud y latitud, sino también en altura y profundidad. Los territorios de los distintos Estados no son partes de la superficie terrestre, sino cuerpos cónicos cuyos vértices se encuentran en el punto central de la Tierra».

Territorio es el ámbito espacial de validez dentro del cual el Estado ejerce su poder y cuya significación jurídica se exterioriza de una manera negativa, en tanto que se prohíbe a cualquier otro poder no sometido al del Estado ejercer funciones de autoridad en el territorio sin autorización expresa por parte del mismo, y de una manera positiva, en cuanto las personas que se hallan en el territorio quedan sometidas al poder del Estado.

Así las cosas, podemos afirmar que el territorio cumple con una función limitante, en cuanto que el Estado no puede, salvo excepciones, ejercer su poder fuera de su territorio, siendo las fronteras los límites al mismo y, en sentido contrario, ningún Estado ni persona alguna puede ejercer soberanía en otro Estado.

Soberanía de Estado

El ejercicio de la soberanía del Estado dentro de un espacio físico delimitado se llama en el orden internacional dominio, y los autores, especialmente franceses, le denominaron dominio eminente, definiéndolo de la siguiente forma: «Ejercicio que el Estado soberanamente tiene de defender y proteger creando un ordenamiento jurídico al que sus habitantes y sus representantes están vinculados».

Jurisdicción territorial, soberanía e irreductibilidad

El territorio es uno de los elementos constitutivos del Estado, en el que ejerce su soberanía y también, conforme lo expresa el artículo 84 de la Constitución, ejerce su jurisdicción (las constituciones anteriores no hacían referencia a la jurisdicción).

Podemos decir que la jurisdicción es la función pública ejercida por el Estado a través de órganos y funcionarios especializados para dirimir o resolver los conflictos o litigios que surgen entre los sujetos cuando el derecho objetivo no se cumple espontáneamente.

La soberanía es absoluta; es un poder supremo que no admite sobre sí ningún otro poder y no puede ser determinada más que por sí misma; así se expresó la Comisión de Estudio del Proyecto de Constitución, en la Exposición de Motivos de la Constitución de 1983, en cuanto a la definición de soberanía.

El sentido de la expresión soberanía es más amplio que el de jurisdicción, puesto que le es inherente la connotación internacional, que confiere al Estado el atributo de actuar como sujeto de derecho internacional público.

Para José Luis Lovo Castelar, la incorporación de la categoría de la jurisdicción deriva de que actualmente se distinguen y establecen zonas marítimas (llámense territoriales o no) en las que el Estado ejerce su jurisdicción en forma exclusiva, sin disponer de soberanía; casos como la zona económica exclusiva y la zona contigua (leer Derecho de mar del territorio de El Salvador Parte I y II).

En lo que a la irreductibilidad se refiere, es factible que, a pesar de ello, se diera la reconstrucción total o parcial de la República Centroamericana en forma unitaria, federal o confederada, tal como lo preceptúa el artículo 89 de la Constitución. Si se adopta una forma unitaria, implicaría que El Salvador desaparecería como Estado, desapareciendo con él el territorio, pues se subsumiría en el naciente Estado.

Si se forma una federación, el territorio del Estado salvadoreño ya no solo sería ámbito de aplicación de su propio orden jurídico, sino también del orden jurídico federal, el que tendría primacía sobre el nacional.

Nuestra Constitución protege celosamente el territorio y lo proclama en el art. 84 inc. 1º, disposición que concuerda con el artículo 146, el 168 ord. 2º y el 248, todos de la Constitución.

El territorio es, pues, la base física donde el Estado ejerce su jurisdicción en carácter absoluto, abarcando doctrinariamente los dominios terrestres, fluviales, lacustres, marítimos y aéreos, así como navíos y aeronaves; se consideran otras publicaciones de esta plataforma.

Reafirmando lo dicho, Alfred Verdross dice que, siendo el territorio un aspecto tridimensional, sus límites tienen que perfilarse ante los territorios vecinos, el alto mar, el aire y el suelo.

Lic. Jaime Noé Villalta Umaña

Doc. / Abogado y Notario