La violencia en El Salvador: gobierno y partidos políticos

El día 4 de diciembre del presente año, a eso de las 18 horas (El Salvador), fue asesinado un joven de apenas 17 años de edad, en la ciudad de El Congo.

Alguien podría pensar: bueno, cada día mueren muchos más. Pues bien, ese es el verdadero sentido de este artículo: alzar la voz al mundo por todos ellos; quizá alguien escuche.

El gobierno tiene la obligación constitucional de garantizar la vida y la seguridad física de las personas; sin embargo, de manera demagógica el gobierno de turno prometió combatir la delincuencia, no con represión sino previniendo.

El tiempo pasa; lejos de cumplir la promesa, las cosas han empeorado. Curioso, pero dogmáticamente las personas dan su aprobación al gobierno de turno; claro está, sus seguidores, a quienes se les aplica de manera acertada el epíteto de 'fanáticos', o simplemente obstinados, están viendo la problemática y siguen aplaudiendo a su gobierno.

Los artículos 1 y 2 de la Constitución de El Salvador reconocen que la persona humana es principio y fin de la actividad estatal. Se debe trabajar para garantizar el bienestar común, visto éste en el sentido ético de la política.

Hace unos días se promulgó una nueva ley cuyo fin es proscribir las pandillas juveniles; ello creó algunos problemas en la sociedad, pues incluso hubo paro al transporte colectivo, amenazas a funcionarios y empleados de gobierno, pero nada detuvo la sanción presidencial.

La Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal es una realidad. En lo personal esperaba un veto, porque él (Sr. Presidente Funes), antes de llegar al gobierno, siempre se opuso a la represión como estrategia para combatir la delincuencia. Su comportamiento encaja exactamente con los pensadores liberales: dicen una cosa, pero terminan haciendo todo lo contrario.

Por otra parte, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos guardó un silencio sepulcral; la verdad, fue un cómplice que le dio elementos al Estado para institucionalizar la violencia. Este funcionario, otrora, se hubiese desgarrado las prendas de vestir, porque durante la administración del conservador partido político ARENA siempre señaló que la represión no es la solución. Triste, pero es la verdad. El pueblo paga a estos funcionarios para que sirvan a los intereses del pueblo, pero terminan obedeciendo lineamientos del partido político al que pertenecen. Como muy bien diría alguien: más de lo mismo; por esto se criticó severamente a los gobernantes areneros.

Los pensadores jesuitas de la Universidad José Simeón Cañas no dijeron nada; FESPADE (Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho), la comunidad jurídica, los gremios de abogados, los jueces de menores, en fin, tampoco se pronunciaron. ¿Por qué? La respuesta es obvia: tienen comprometido su pensamiento con el actual partido de gobierno. Hace varios días escribí un artículo sobre la pena de prisión; en él se realiza un recorrido por la historia de la penología y, la verdad, jamás las penas han resuelto el problema delincuencial.

Por otra parte, el principal partido de oposición se fracciona, pues intereses mezquinos están por encima de los grandes problemas de nación. De manera que vemos diputados electos a través de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista de la mano del Sr. Presidente; el comportamiento de este grupo que traicionó al pueblo en general, no sólo a votantes areneros, es intolerable. ¿Por qué? Porque la oposición garantiza el sistema democrático, pero en este país los diputados, especialmente, se venden al mejor postor. ¿Quién cree usted que los compró? Sin embargo, se justifican diciendo que les cerraron espacios políticos en ARENA. Eso lo podemos expresar usted y su servidor, que nunca tendremos la oportunidad de hacer gobierno, pero ellos tienen años de venir obteniendo jugosos salarios. La verdad es otra: se acomodaron a ese estilo de vida; no quieren soltar el poder por los beneficios económicos y no porque les interese el pueblo y los grandes problemas del país. El caso es que los altos funcionarios de gobierno están protegidos por guardaespaldas; protección de personalidades importantes (PPI), en fin. Lo peor de lo anterior es que esa protección la paga el pueblo. ¿Cree que tienen interés en resolver el problema delincuencial? ¿Es eso justicia social?

Así las cosas, el fraccionamiento de los conservadores atenta contra el sistema democrático, sobre todo porque los traidores están de la mano del partido de gobierno; ello nos lleva a debilitar la oposición, que por supuesto debe ser responsable y constructiva, no como la que realizó durante tantos años el FMLN. Lamentablemente, en estos momentos no hay oposición. ¿Quién es el principal perjudicado? La violencia sigue cobrando víctimas de capas sociales que siempre han estado marginadas.

¿Dónde podemos encontrar la solución?

Sencillo: generar fuentes de empleo; mejorar salarios; apoyar a la juventud en sus intereses; crear centros vocacionales; propiciar el entretenimiento en las áreas de interés juvenil, entre otros.

¿De dónde sacar los recursos para financiar lo anterior?

Es necesario producir; incentivar la producción privada. Pero todos los salvadoreños sabemos que los gobernantes actuales son enemigos de los productores; y no sólo eso, han infundido odio contra los empresarios. Las bases y simpatizantes del partido de gobierno han criticado severamente al presidente actual, pues esperaban el degollamiento de los dueños del capital; así como sucedió en la Revolución Francesa, querían la guillotina para los inversionistas, o 'ricos' como ellos les llaman; bueno, que los despojaran primero de su patrimonio, por supuesto. Es obvio que no lo harán de manera inmediata, pero jamás abandonarán su ideología; su objetivo final, instaurar la 'dictadura del proletariado', con el nombre de Socialismo del S. XXI. Es más, ya crearon una escuela de capacitación ideológica donde la juventud, lejos de ser educada en valores universales aceptados por la sociedad en general, como la solidaridad, la fraternidad, la paz y la tolerancia, es robotizada para que repita consignas como la siguiente: 'patria o muerte'.

De manera que generar las condiciones de desarrollo humano para que disminuya la delincuencia cada vez se torna imposible. Mientras tanto, los jóvenes se asesinan unos a otros; e incluso aquellos que no pertenecen a grupos antisociales son perseguidos por la Policía Nacional Civil, cuyos agentes ejercen un acoso más a la difícil situación que viven los jóvenes, quienes, por supuesto, son presionados por sus iguales para que se integren a grupos de contracultura.

¿Cuál es la institución de Estado que más violenta los derechos humanos? La respuesta es contundente: estudios realizados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos lo dicen, la Policía Nacional Civil. Ahora deténgase y piense: ¿qué pasará hoy que cuentan con la Ley Antipandillas? No va a mejorar la situación de los jóvenes, ¿verdad?

Sí, el pueblo ahora tendrá que soportar la violencia y represión estatal. ¡Qué manera de hacer gobierno! ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien que la represión estatal sea la solución a los problemas delincuenciales? Estamos finalizando la primera década del S. XXI y se deben buscar otras formas de corregir ese problema social. El Sr. Mauricio Funes, admirado y laureado por el periodismo internacional como entrevistador en canales de la televisión salvadoreña en los que fue empleado, expresaba enfáticamente: 'a la delincuencia hay que combatirla de raíz'. Sabias palabras, no cabe la menor duda; sin embargo, hoy hace todo lo contrario y lo único que se le ocurre es culpar a sus predecesores.

¿Cuáles son algunas de las raíces del problema delincuencial?

Principalmente la falta de oportunidades: los jóvenes analizan la realidad. Observan que muchos profesionales no encuentran empleo; los salarios son bajos, apenas logran satisfacer la necesidad de alimentación. ¿Qué pasa con las otras necesidades? También es importante destacar la desintegración familiar, ésta debido a múltiples causas, entre ellas la migración producida por la guerra que se vivió durante más de doce años u otros que migran en busca de oportunidades; la irresponsabilidad paterna o materna, entre otros. No menos importante es la falta de espacios para recreación, la no existencia de talleres vocacionales donde la juventud pueda hacer uso adecuado de su tiempo libre.

Soluciones sobran; pero el caso es que sin recursos, difícilmente se resolverán los problemas sociales que más agobian al pueblo salvadoreño. La pobreza seguirá siendo el principal problema social, pues ésta ejerce un efecto en cadena, propiciando la aparición de otros, como la mendicidad, niñas y niños a quienes se explota laboral e incluso sexualmente; hacinamiento, desnutrición, promiscuidad, delincuencia. ¿Qué más decir, si el lector sabe las condiciones que vivimos?

La pobreza es un fenómeno social de todos los tiempos; sobre su génesis hay tanto que decir, pero, principalmente, señalo la 'mala distribución de la riqueza'. Podría compararse la pobreza con la raíz primaria de una planta.

La empresa privada debe cumplir con su función constitucional; no puede ni debe olvidar que sobre ella pesa una hipoteca social. El gobierno, por su parte, no puede seguir tomando decisiones abruptas que, lejos de resolver los problemas, los empeoran; por ejemplo, el asistencialismo estatal es nocivo para el desarrollo humano. Así las cosas, si queremos disminuir los índices delincuenciales, es necesario invertir en el capital humano, que es la mayor riqueza de los pueblos. Aclaro que soy un pensador que me identifico con el ideal humanista consagrado en la Constitución y que ningún instituto político abandera mi ideología; esto no me impide participar en política partidaria y señalar los errores del partido con el que me identifico, aunque ello signifique que nunca seré tomado en cuenta por sus dirigentes, pese a que el líder fundador era de una idea diferente. Dicho de una manera sencilla: nadie debe guardar silencio, es necesario señalar los errores del gobierno, independientemente de que el partido en su ejercicio sea el partido con el que nos identificamos.

Finalizo exhortando a la comunidad jurídica, a las organizaciones no gubernamentales, gremios, centros de educación superior, institutos políticos y pueblo en general a pronunciarse en contra de la violencia y, por ende, a favor de la paz.

Lic. Jaime Noé Villalta Umaña

Prof. y Abg.