La Ley y los Consumidores de Drogas

La ley es el instrumento que tiene el Estado de Derecho Constitucional para garantizar el fin de las normas, y permitir el desarrollo integral del ser humano en sociedad y todos incluso los adictos a sustancias prohibidas también tienen una responsabilidad social a la cual deben responderle.

Montes Pérez
Montes Pérez
25 de August · 1386 palabras.
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🕘 Resumen

El consumo de drogas no solo afecta al individuo que las consume, sino también a su entorno y a la sociedad en general.

El Estado debe intervenir mediante el derecho penal para reprimir conductas desaprobadas relacionadas con la drogadicción, no solo en quienes las comercializan, sino también en quienes las consumen.

Muchos delitos son realizados por personas enfermas que responden a su impulso por consumir drogas y que recurren al robo, hurto, secuestro e incluso al asesinato para obtener los recursos necesarios para saciar su destructivo vicio.

Estas acciones son contrarias a la dignidad humana, las leyes y los derechos fundamentales, y es obligación del Estado suministrar soluciones a esta situación a través del derecho penal. Sin embargo, a menudo esta promesa estatal se queda en el papel y poco llega a la práctica.

Por ende, es importante recordar que todos somos responsables de empoderar y adoptar medidas para ayudar a erradicar la inseguridad ciudadana que afecta a la sociedad.

El derecho penal y el consumo de drogas. Bien el consumo de drogas fustiga y descarna en primera instancia al individuo que las consume, y luego la toxina arraiga su destructivo efecto y lo polariza sometiendo a toda la familia del enfermo; y aunque éstos últimos no la consumen terminan desarrollando una dependencia de orden enfermizo con el adicto, y las consecuencias se tornan cada vez más severas e inclusive se traslapan afectando a toda la sociedad circundante en el que mal vive el adicto; y por efecto domino se cataliza el mal afectando a todo el Estado.

Ensayando sobre la drogadicción como caldo de cultivo para la delincuencia el Estado mediante el derecho penal como instrumento represivo de conductas desaprobadas debe de intervenir no solo a nivel del que vende y comercializa la droga, sino que considero que también quien la consume tiene que responder ante la sociedad que furtivamente viene enfermando y desnutriendo.
Adviértase que un altísimo porcentaje de los delitos contra la integridad humana y la propiedad son realizados por personas enfermas que al responder a su desenfrenado impulso por consumir drogas; y al no tener los recursos para poder comprar y proveerse de ellas y para saciar su destructivo vicio, en la mayor de las veces recurren al acometimiento de delitos tales como los hurtos, tachas, robos, secuestros y hasta al asesinato. – Por cien colones, un celular y otras baratijas acuchillan y hasta matan.
En el malsano mundo en el que transitan las desventuradas vidas que se aferran a la droga éstos individuos cometen horribles actos que son totalmente contrarios a la dignidad humana, las leyes y derechos fundamentales, y que como ya sabemos son una obligación incontrovertible que le compete al Estado a través del derecho penal el suministrar soluciones a dicha situación. (Inseguridad ciudadana).
  Así entonces encontramos que mucho por no decir todo ese compromiso estatal se queda en el papel y la doctrina; y poco llega a la práctica, y por supuesto no debemos olvidar que todos somos los que empoderamos al Estado, y adoptamos como ciudadanos que el problema de la droga no pasa en mi familia, yo no me meto en lo que no me importa y el problema es de otros, no es mi hija o hijo el fallecido cuando un drogado intento robarle un pinche celular.  
No es un secreto que el comercio de sustancias ilícitas para el consumo humano, se encuentra entre uno de los negocios más rentables a nivel mundial, es más sin ser eruditos en la materia, todos sabemos que las fortunas económicas más envidiables del mundo se encuentran en manos de unos pocos comerciantes que se dedican al comercio de estupefacientes, algunas de esas son más grandes que la economía de una nación del tercer mundo, pero la verdad final, es que esas fortunas son producidas a costa de pagar el precio de la desintegración y mutilación de una sociedad.
  Así las cosas, en la mayoría de los casos los representantes de la ley y que es su trabajo ; se desbocan por encarcelar a uno de los grandes capos –que por supuesto no es el jefe- , pero omiten o están inhibidos para atacar el imparable menudeo en la venta de la droga y es donde reside el verdadero problema para la justicia y negocio rentable para los narcos.
Cuando el individuo cae en la enfermedad del consumo de drogas, llega el momento en que es despreciado por su propia familia y debe irse a vivir a las calles, y es ahí donde se acrecienta el desorden social, y me refiero a los adictos que andan por el pueblo y en la barriadas atisbando para ver que se roban y que daño hacen, son aquellos jovencitos y jovencitas que deambulan a altas horas de la noche y la madrugada por los parques y vecindarios. Ese es el caldo de cultivo en el que se maduran esos potenciales criminales que saquean la tranquilidad y destruyen la seguridad ciudadana.
  LA LEY es el instrumento del orden como ya dije. Empero, en nuestra legislación solo se atiende el problema de manera parcial según mi criterio. Es decir, solo se atacan las consecuencias y no la causa. En opinión de quien redacta; muchas veces el remedio en su fin se abstrae de tener una visión global y en este caso se desatiende que es el adicto el que sirve de terreno y semilla que le produce ganancias a un sujeto o grupo de sujetos que actúan violando la ley.

Adviértase, que son los primeros de la cadena –drogadictos- los que se las ingenian a través del hurto, el robo, el homicidio y otras vejaciones como el secuestro y la amenaza para generar los recursos y así pagar la droga sin importar el daño que se ocasionan y mucho menos el que le producen a la sociedad y únicamente obtienen beneficios los criminales.–Narcotraficantes-
  Infórmese que en los pueblos los ciudadanos y vecinos sabemos quienes comercian drogas y quienes son adictos públicos a esas sustancias, y sosteniendo la tesis de atacar la raíz del problema, aunque se sabe quienes son consumidores e inclusive se les pueda demostrar la posesión de drogas para su consumo personal, eso no produce una acción que judicialmente los someta y produzca una condena más allá del reproche la social y moral. Como dije, esta situación es contradictoria, y se sostiene vigente con fundamento según dicen los penalista por cuanto no atenta contra el principio de imputación subjetiva, el principio de culpabilidad y tipicidad.
  Los adictos son la base y sustrato en que se asienta y sostiene el hilo conductor de una gran actividad criminal de envergadura solo imaginable. Es decir, esa gran masa de adictos y enfermos son el verdadero terreno fértil de los narcotraficantes. Téngase como cierto es; que sin adictos no existe mercado para las drogas y no al menos en la forma flagelante que actualmente se mantiene en las sociedades.
  Así las cosas, porque el derecho penal no inserta esa conducta de tenencia para el consumo en la ley especial e impone penas que entrañen responsabilidad a los individuos consumidores; ya que son y constituyen el primer eslabón de la cadena delictiva del narcotráfico. Es decir, acaso no estamos siendo también culpables de un actuar reprochable; y el estado es cómplice por omisión de permitir que cada día crezca ese masa consumidora.
Pensemos un poco, el sistema Penal se centra en una política de castigo para que el ciudadano escarmiente del destino del ofensor o delincuente y así los demás aprendan y no repitan esa conducta. Insto a que rompamos el esquema y maduremos y así aboguemos en crear un sistema de penas complementario al sistema vigente, y me refiero al menos en el caso de los adictos debidamente identificados para condenarlos a penas alternativas que los obliguen a resarcir a la sociedad.

Es decir, al sujeto que se le demuestre que es adicto a una droga no autorizada por ley, se le debe de condenar a labores sociales, y a tener y conservar un trabajo –El estado gasta millones en labores públicas que pueden ser asumidas por estos individuos y a un menor costo- digno y someterse a programas de rehabilitación y control personal; y en caso contrario se les someta por la fuerza a centros y programas de rehabilitación recluida, ya que si lo pensamos es mejor tener gastos en rehabilitación de un adicto y no mantener una camada de narcos, ladrones y asesinos durante 8, 12 o 35 años en prisión profesionalizándose como criminales.
  Concluyo diciendo, que esa gran empresa de comercialización de sustancias prohibidas se sostiene en pilares, y uno de los principales sino el más importante; es la masa de adictos. Son los adictos uno de los elementos catalizadores del flagelo que produce y acrecienta las tasas delictivas que atentan contra los bienes jurídicos como la propiedad, la libertad y la vida de las personas.
Mgtr: Freddy Montes Pérez.
Abogado Litigante.

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