El escenario de las migraciones internacionales

1.- Las migraciones internacionales y la globalización. Ideas generales.

El abordaje de las migraciones internacionales es un tema que podemos considerar desde múltiples puntos de vista; uno de ellos, de manera muy llana, sería como esos movimientos que suponen para el sujeto un cambio de entorno político-administrativo, social y cultural relativamente duradero; o, de otro modo, cualquier cambio permanente de residencia que implique la interrupción de actividades en un lugar y su reorganización en otro.

Desde una óptica más amplia, y más que el mero traslado de personas de un lugar a otro, las migraciones internacionales también son reconocidas como procesos pertenecientes a otro de mayor calado, como es la globalización.

Pero, indistintamente de los puntos de vista que deban adoptarse, sean éstos de óptica regional o mundial, tenemos que teóricamente las variadas disciplinas sociales y sus autores han generado modelos que intentan dar explicación, predicción y solución al proceso migratorio.

Examinar cada uno de ellos resultaría extenso y no es esa nuestra finalidad aquí, así que su mera enunciación en clasificación de las posturas más predominantes, sin embargo, merece la pena traerla a colación, porque por la multiplicidad de modelos existentes podemos fácilmente inferir que las migraciones internacionales son procesos intrincados, en donde entran en juego variables desde algo tan particularmente íntimo e inescrutable como son las decisiones personales del inmigrante (considerados común y generalmente sujetos activos del acto migratorio) hasta las complejas redes internacionales que promueven y facilitan los traslados, las políticas de los Estados-nación, las condiciones que plantea la economía mundial, las cuestiones medioambientales, y que en cualquier caso involucran al individuo, las instituciones, los países o regiones que interactúan con este fenómeno.

Así, para explicar el proceso migratorio encontramos el clásico modelo teórico del estudioso británico George Ravenstein, la teoría push and pull; mientras que para averiguar las causas de las migraciones se citan entre otros: la teoría del mercado de trabajo de Michael Todaro y George Borjas; la teoría del mercado dual, las teorías de orientación marxista, y las teorías de la interdependencia o del mercado mundial. Estas son posturas y teoremas que sociólogos, demógrafos o politólogos han desarrollado.

Sin embargo, al considerar las migraciones internacionales como parte de la globalización, primero que nada es menester admitir la globalización como ese escenario internacional en donde éstas se desarrollan, y luego tratar de describirla brevemente con el fin de hacernos una visión más amplia e integral de la labor planteada. Para ello diremos que la globalización ha sido ampliamente debatida, muy ambiguamente definida por numerosos estudiosos dedicados al estudio de las relaciones internacionales y ciencias afines. Pero fuera del intenso e inacabable debate conceptual de la globalización y su repercusión, podemos decir que implica, ante todo y en primer lugar, una expansión de las actividades sociales, políticas y económicas transfronterizas, de tal suerte que los acontecimientos, decisiones y actividades en una región del mundo pueden llegar a tener importancia para los individuos y las comunidades en regiones distantes del planeta.

Sin concepto alguno y de manera intuitiva, la podemos percibir como una serie de interconexiones a través de las cuales pueden vincularse múltiples causas y efectos a razón de la actividad humana a nivel mundial y cuya dinámica se desarrolla al mismo tiempo en todo el orbe. Ello gracias a uno de los aspectos más resaltantes dentro de la historia de la humanidad desde la segunda mitad del siglo pasado hasta nuestros días: el trepidante desarrollo técnico-científico, con aplicaciones a la inventiva y mejoras de los medios de transporte y de telecomunicaciones, y con mayor incidencia desde los años ochenta, cuando pudimos presenciar emisiones televisivas de guerras en directo, o asistir al nacimiento de la red global conocida como Internet, la conexión por videoconferencia, o lamentablemente experimentar cercanamente las consecuencias de las acciones de grupos delictivos con redes operativas en todo el mundo, por mencionar solo algunas facetas de la globalización.

También percibimos que se crean vastas redes de información y culturización que permiten que, desde el punto de vista de las migraciones, muchos tengan por vistos y conocidos los atractivos de ciertas zonas o países del planeta desde donde continuamente se exportan niveles de vida, oportunidades o valores que impulsan a las personas a buscar fuera de sus casas lo que carecen en la propia.

La globalización se ha caracterizado por la aparición de un proceso de producción global y mercados financieros, la aparición de nuevas entidades políticas regionales y transnacionales como el NAFTA o la Unión Europea, junto con la erosión de la soberanía de los Estados-nación. Esto ha permitido el establecimiento de un escenario internacional u «orden global» fundamentalmente interconectado, marcado por intensas pautas de intercambio, así como por modelos definidos de poder, jerarquía y desigualdad. Esto sienta las bases necesarias para que las migraciones se ejerzan desde una zona geográfica a otra, conforme a unas fuerzas que actúan de atracción o empuje y que constantemente estimulan la circulación o movimiento de las personas.

Entonces, las migraciones internacionales contemporáneas son aquellas que empiezan a desarrollarse a partir del cese de armas de la Segunda Guerra Mundial, durante el medio siglo siguiente y especialmente en sus últimas dos décadas, presentando unas características muy análogas a las de la globalización, por ser el proceso desde el cual se generan. Por tanto, tenemos que:

A) Las migraciones poseen un alcance global, porque aunque se consoliden con mayor o menor intensidad a nivel local, regional o intercontinental, son ciertamente un fenómeno que ocurre desde y en cualquier parte del orbe, estimuladas, facilitadas y permitidas por la interconexión de redes, vías y medios de información y comunicación, así como por la propia dinámica del sistema económico mundial que liberaliza las inversiones, desea la fluidez en la circulación de los bienes, mueve instantáneamente cuantiosísimos recursos financieros de un lado a otro del planeta, genera mercados de servicios internacionales y que, en cualquier caso, se hacen acompañar del recurso humano destinado a consolidarlos.

B) Existe cierto patrón en los movimientos migratorios que vinculan a los países receptores de inmigrantes con aquellas zonas sobre las cuales han tenido influencia, sea por historia en común, vinculaciones económicas o relaciones beligerantes. Por ejemplo: los flujos con destino a países europeos reciben mayoritariamente contingentes cuyas procedencias coinciden con esos países que en el pasado fueron sus colonias. Otro caso es la inmigración de coreanos o chinos hacia Japón, hoy centro económico y tecnológico asiático, y que durante un recorrido histórico milenario son pueblos que han estado muy vinculados al comercio, así como a conflictos y guerras, pasando por períodos en los que se han alternado en los papeles de dominador y dominado. Para finalizar: las migraciones de centroamericanos y norteamericanos hacia Estados Unidos, como la potencia mundial que en su propio continente ha ejercido con más acuciosidad la política hegemónica.

C) Entre los países de acogida de inmigrantes y los emisores hay generalmente una interacción que se establece en términos de desigualdad, como consecuencia de la configuración de ciertas zonas del mundo como centros financieros, económicos y tecnológicos frente a aquellas áreas sumidas en el subdesarrollo, la inestabilidad política y los conflictos sociales y armados.

Son los clásicos desequilibrios entre norte y sur, centro y periferia, que concluyen con la instauración de un libre juego entre las fuerzas de atracción y/o expulsión que hacen que el movimiento de las personas se plantee desde los lugares desfavorecidos hacia los espacios considerados de crecimiento, prosperidad y paz.

2.- Soberanía

Al analizar la realidad internacional desde estas posiciones teóricas hemos afirmado hasta ahora, a grosso modo, que estamos en presencia de un mundo globalizado y, en consecuencia, «ha desaparecido la tradicional distinción y separación entre la esfera interna y la esfera internacional. El fenómeno de la interdependencia ha obligado a los Estados a abrirse cada vez más al exterior, lo que ha acrecentado aún más esa interdependencia y restringido su margen de autonomía».

Para los sostenedores de las teorías de la globalización, los únicos actores de las relaciones internacionales ya no son exclusivamente los Estados, sino también otros entes y organismos, sean nacionales o internacionales, como por ejemplo las empresas o corporaciones transnacionales y multinacionales, las entidades no gubernamentales o los inmigrantes en tanto que conformen minorías cohesionadas con conciencia de su papel político y su aportación laboral en un país determinado.

Se han empezado a considerar actores internacionales por su poder de influencia en la elaboración y ejecución de las políticas, sean éstas de ámbito nacional o internacional de los Estados en donde se encuentran, porque han desarrollado efectivos mecanismos de presión mediática o económica, por citar algunos, encaminados a forzar, moldear, impedir o transformar las intenciones de los Estados en relación a las materias que les conciernen o afectan.

Estos actores globales traspasan las fronteras estatales en sus pretensiones y acciones porque, inclusive no perteneciendo o residiendo en los espacios donde se aplican medidas o políticas, excitan cambios de posturas en los otros actores responsables de aplicarlas. Tal es el caso típico de los cubanos exiliados que viven en Estados Unidos, que constantemente presionan al gobierno de Washington para que adopte una u otra política exterior respecto a Cuba; o por ejemplo los residentes argelinos o marroquíes que presionan para que Francia se posicione en el seno de la Unión Europea respecto a las políticas que han de afectar a los países de origen de estos ciudadanos; y finalmente, de manera inversa, los países emisores de inmigrantes, especialmente los del tercer mundo, que ven en sus nacionales en el exterior una colectividad de suma importancia y desde la cual se benefician de importantes remesas de dinero.

Los Estados, entonces, se han empezado a percatar de que el ejercicio de su soberanía nacional les viene siendo sometido paulatinamente a cuestionamientos por agentes transnacionales, que en el caso de la inmigración se materializa en un constante flujo de personas que penetran por unas permeables fronteras y que están haciendo entrever las limitaciones de la capacidad de gestión y control que el Estado debería tener.

Planteadas las ideas anteriores y haciendo referencia ya a la soberanía per se, podemos primero afirmar que en cuanto a su génesis los autores coinciden con bastante unanimidad en que corresponde con el mismo nacimiento del Estado, entendido este último como la organización política y gubernamental consentida por los hombres que viven en un territorio determinado.

Pero al tratar de encontrar una definición única no hay mayor consenso desde que Bodino, Hobbes, Montesquieu, Rousseau y otros célebres empezaran a configurar y desarrollar el concepto desde el siglo XVI hasta nuestros días, dado que parece difícil encontrar el que satisfaga a todas las aspiraciones de quienes la interpretan y estudian desde las diferentes ramas del saber científico y humanístico, especialmente en las ciencias políticas y el derecho.

Empero, en el Diccionario de Política del mexicano Andrés Serra Rojas encontramos una definición satisfactoria tanto por sus elementos conceptuales como por las dimensiones que abarca:

La soberanía actualmente puede definirse como la capacidad que tiene un Estado para determinarse a sí mismo y para contraer compromisos y obligarse sin necesidad de contar con la mayor aprobación de ningún otro poder mayor o igual que el suyo. De esto se infiere que la soberanía tiene dos manifestaciones: una interna, que significa que el poder supremo dentro de un Estado radica en el Estado, y otra externa, que significa que ningún Estado, por poderoso que sea, puede intervenir en los asuntos privativos de otro Estado a menos que, en ejercicio de su soberanía, el Estado correspondiente se encuentre adscrito a una organización supranacional y ésta adopte medidas que tengan repercusiones internas de ese Estado. La formación de esas organizaciones no disuelve la soberanía de los Estados miembros, sino más bien la consolida.

La soberanía del Estado, como observamos, tiene esa doble característica en cuanto a su proyección: la primera como facultad de absoluto imperium de exigir obediencia ad intra (incluso con el uso de la fuerza cuyo único detentador legítimo es él) a sus súbditos al orden político y legal existente dentro de lo que está considerado el territorio estatal, cuyo resguardo y administración depende también de su autoridad exclusiva. Como segunda característica y ad extra, implica no ser interferido y excluir en sus asuntos internos a gobiernos o estados foráneos.

Pero al hablar del proceso migratorio, que se localiza precisamente en el límite entre lo doméstico y lo internacional del Estado, la soberanía se asocia fundamentalmente a las medidas de control personal o territorial que el Estado soberano ejerce con su legislación e instituciones para tratar de mantener el flujo de personas ceñido al diseño de las políticas planteadas.

Las migraciones, entonces, al tener ese elemento transfronterizo, implican que inciden de forma significativa en algunas de las esferas de poder y control que el Estado soberano posee. Toca, entre otras, a aquellas esferas clásicamente consideradas como las competencias propias de un Estado, como son:

A) El control y supervisión del acceso al territorio nacional y el establecimiento en el mismo por los considerados no nacionales es uno de los componentes de la soberanía que más impotencia genera a la gestión de los Estados-nación, porque la penetración, sobre todo de la inmigración irregular por las fronteras, es mucho más evidente, mediática y por tanto influyente en la opinión internacional y en los electores en una sociedad que no percibe los filtros de los visados en los países de origen que excluyen la inmigración no deseada.

La audiencia presencia con lujo de detalles en los telediarios la incapacidad que tienen ciertos países con amplias fronteras terrestres de imponer los controles y sanciones contenidos en la legislación positiva vigente para encorsetar los flujos de inmigrantes por los cauces y cantidades establecidos, sea porque los recursos y los medios son insuficientes, o porque las planificaciones y previsiones gubernamentales han quedado desbordadas por las circunstancias, o sencillamente porque el fenómeno ha tomado un impulso que ahora es muy difícil detener o ralentizar con meras medidas coactivas o supervisoras.

B) El tema migratorio en las sociedades receptoras ha intervenido en la autónoma y exclusiva facultad de configuración de las políticas de inmigración, dado que según sean las circunstancias sociales, materiales o legislativas, el Estado de acogida tendrá que restringir su autonomía y discrecionalidad en el proceso de elaboración de la política migratoria, frente al establecimiento de vías de cooperación internacional y acuerdos (sean económicos, policiales o logísticos) sobre todo con los países emisores de contingentes humanos.

Se ha pasado de la independencia a la interdependencia, porque ya no es exclusiva la responsabilidad del Estado emisor ni únicamente imputable a los inmigrantes, sino que la nación de acogida tiene también participación en la cuota de responsabilidad por los flujos migratorios que soporta, así como también en la elaboración e impulso de las soluciones y propuestas que juzguen más convenientes para manejarlos.

Igualmente, en los procesos legislativos y sancionadores del Estado-nación en materias tocantes a extranjería, los gobiernos han tenido antes de someter directamente al cuerpo legislativo las iniciativas de ley que entablar las negociaciones para convenir que el contenido y extensión del derecho positivo sea lo más conforme con las aspiraciones y reclamos de ONG, sindicatos, electores y demás grupos de presión de ámbito interno o inclusive con instituciones u organizaciones internacionales y terceros Estados.

Los sectores y organizaciones más influyentes se mueven para garantizar los derechos de las minorías que viven o pretenden acceder al país de acogida, aun cuando se entiende que constitucionalmente el proceso de elaboración de leyes está reservado con exclusividad y sin interferencia a los órganos legislativos detentadores de la soberanía del pueblo representada en las cámaras, con lo que «this relative messiness contrasts with an earlier period when states presumably held a much clearer and unchallenged sway over immigration».

Podemos observar que el Estado-nación se encuentra doblemente presionado, desde abajo e internamente por grupos u organizaciones pertenecientes a su propia vida nacional, y externamente por organismos y demás actores internacionales que siempre se encuentran concernidos por el movimiento de personas a través de las fronteras y de las consecuencias que ello acarrea a cada uno de ellos.

Por otro lado, las instituciones oficiales encargadas de hacer cumplir el acatamiento de las leyes y la aplicación y ejecución de las sanciones en materia o por razón de extranjería a los inmigrantes deben mostrarse al menos en apariencia muy coherentes y cautos con su propio sistema jurídico. Más aún cuando cuya arquitectura legal (caso de los países más desarrollados y especialmente los europeos occidentales) se erige en las máximas y modernísimas concepciones de garantías y libertades ciudadanas, so pena de entrar en contradicción con principios normativos de rango superior que ofrecen protección a las personas por el mero hecho de serlas (más allá del concepto de nacionalidad o discriminación alguna) y que alguna fuerza política opositora, medio de comunicación u organización con activismo en temas migratorios se lo reproche.

C) La elaboración del derecho interno del Estado-nación, en principio, puede quedar constreñida a la compatibilidad con el régimen de normas del derecho internacional humanitario y al que el propio Estado se ha sometido convencionalmente en aras de estar a la altura de miras en cuanto a toda evolución de las garantías del hombre se refiere, y que los propios colectivos de inmigrantes u organismos encargados de su defensa y representación usan e invocan con preferencia al derecho nacional.

D) Igualmente, la autonomía soberana de un Estado-nación se ve afectada cuando se le llama al diseño, elaboración o ejecución de las políticas nacionales o de proyección internacional tendientes a conseguir finalidades como establecer convenios o la aplicación de controles, restricciones u ordenamientos sobre las migraciones, debido a que finalmente queda ceñida a la exigencia de no colisionar con intereses de otros países o actores internacionales.

Lo anterior se revela notoriamente en los casos de los Estados-nación estrechamente vinculados en sistemas de integración regionales, porque han de someter las susceptibles políticas de inmigración y asilo, como es el caso de los miembros de la Unión Europea, a la consulta y votación dentro de esas instituciones comunes e independientes donde se representan también los intereses de todos los demás socios, aunque se pueda permitir en el residuo competencial dejar al Estado la facultad de decisión y legislación y, en última instancia, sobre tales asuntos, pero con riesgo grave de romper el consenso en asuntos tan sensibles como esos.

Más bien, la experiencia en la Unión Europea ha sido que los Estados miembros han cedido esas competencias a las instituciones supranacionales, con la finalidad de ir armonizando las legislaciones en una sola dirección y en pro de los intereses comunes; y aunque pueda ser defendible que las cesiones de soberanía en las materias que dieron origen a los tratados fundacionales hasta hoy han sido actos consentidos y legítimos de los Estados componentes, no es menos cierto que las circunstancias propias de inmigración extracomunitaria los han forzado a plantearse una integración en cesión de soberanía en áreas que no tenían quizás pensado hacerlo.

E) Los conceptos de ciudadanía y nacionalidad actualmente no pueden asimilarse a la mera idea tradicional de las vinculaciones jurídico-políticas de un individuo hacia el Estado al que pertenece, en términos de goce exclusivo de derechos que tienen los nacionales frente a los extranjeros, ya que por motivo del avance mundial de las más modernas protecciones y garantías al ser humano en los países occidentales altamente desarrollados, los extranjeros inmigrantes gozan de la gran mayoría de esas garantías al menos estatuidas formalmente y que antaño se concedían sólo a los nacionales.

Es entonces como se desatan discusiones teóricas entre los distintos estudiosos para sostener o refutar las tesis que afirman que los extranjeros en los países de acogida han sido dotados por las legislaciones de los países receptores de los derechos que gozan normalmente los ciudadanos, considerándose por tanto que están en devalúo las instituciones vinculadas a la ciudadanía porque no funciona como mecanismo efectivo de diferenciación o exclusión del que hace uso el Estado, en tanto que las prerrogativas jurídicas que concede ya no son de uso exclusivo del nacional sobre el extranjero.

3.- La seguridad como sustento de la invocación de soberanía

Cuando hablamos de soberanía del Estado, sea en el caso de su cita con fines retóricos parlamentarios o para legitimar algunos ejercicios, nos resulta de utilidad revisar un aspecto por el cual los invocadores de la soberanía se sirven muy efectivamente para apoyar sus argumentos: la seguridad.

Para introducirnos en el punto en cuestión es necesario destacar que dentro del campo de los estudios de seguridad, después de la culminación de la Guerra Fría el concepto ya no está estrictamente vinculado a los asuntos militares o al uso de la fuerza. Esto implica entonces que actualmente en este campo la indagación científica y la construcción teórica han tenido que trasladarse hacia otras áreas no tradicionalmente unidas a lo bélico y que ya han empezado a definirse como estratégicas y objetos de seguridad, como sería por ejemplo: la continuidad del abastecimiento energético, el resguardo del medio ambiente, el fortalecimiento de la economía o el control territorial ante el cruce continuo de personas.

Han considerado además que la invocación de la seguridad, teniendo una función muy instrumental, ha sido la clave para legitimar el uso de la fuerza; pero, más generalmente, ha abierto la vía al Estado para movilizarse, tomar poderes especiales y manejar amenazas que se consideran existenciales. Ya no es el Estado el único usuario del calificativo, porque líderes o grupos organizados pueden también invocarla ante un presunto riesgo, despertando igualmente la atención y tratando de movilizar los esfuerzos hacia el tema provocador del sentimiento de inseguridad, como por ejemplo cuando el equilibrio medioambiental se percibe amenazado, entrando en escena los grupos ecologistas junto con el conglomerado social afectado, que claman la intervención de las autoridades responsables y hacen despertar el interés mediático nacional e internacional.

La seguridad, dijimos, sienta para el ejercicio de la soberanía sus bases y argumentos, porque cuando el tema ya individualizado se califica como tal y se incluye en la agenda política, el Estado, a través de sus representantes gubernamentales, aparece ante la opinión pública como el compelido frente a los propios ciudadanos en su deber de ofrecer respuesta efectiva al problema planteado.

La amenaza identificada (sea ésta real o ficticia) se convierte en el punto de incidencia hacia donde ha de concentrarse el diseño de las políticas, la actividad legislativa, la movilización de las fuerzas sociales o incluso, en casos muy extremos, la propia intervención de los cuerpos militares. Se crea así la sensación de urgencia, la psicosis de la seguridad, de reacción y manejo contundente, poniéndose incluso por encima de cualquiera de las otras prioridades estatales, y en donde pocos serían capaces de hacer oposición relacionada con las acciones de resguardo que son dedicadas a aquel bien común considerado objeto de protección.

Colocar la etiqueta «asunto de seguridad» permite al actor reclamar el derecho a tratarlo por medios extraordinarios. La seguridad es, por tanto, una práctica autorreferencial porque es en esa práctica donde aquello se convierte en un asunto de seguridad, no necesariamente porque exista una amenaza existencial real, sino porque el asunto se presenta como tal.

El argumento de la seguridad ha servido a gobiernos, por ejemplo al de Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre, para poder justificar el recorte de libertades públicas hacia los ciudadanos, que en los primeros estadios tienden a rechazar, pero que al final terminan por aceptar, dado que, al ser implantado el temor o la sensación de amenaza en la sociedad, ésta suele tolerar sacrificios en pos de la obtención de resguardo y protección. En el caso de la inmigración, y especialmente la ilegal, sucede lo mismo: al catalogarse como asunto prioritario o de Estado, se justifican políticas encaminadas a minar los derechos de estos colectivos y a engendrar en la población la aceptación de las medidas emprendidas.

Resulta indistinto, en última instancia, que la amenaza se presente o no como cierta, porque aun cuando no pueda ser objetivamente confirmada, la seguridad se impone de todas formas auto-validándose como una mera medida de precaución o por «razones de prevención». El argumento de la seguridad contiene una efectividad amplia porque permite a los funcionarios, al invocarlo, acallar considerablemente las críticas, al ejercitar acciones preventivas aun cuando éstas se funden en meras sospechas, datos poco fiables o incluso en pruebas manifiestamente inciertas.

El Estado-nación se considera una entidad que debe, en un sentido amplio, mantenerse y forjarse dentro de términos mínimos de seguridad: generar un equilibrio gubernamental e institucional, producir fortaleza económica, demostrar capacidad militar, mantener orden, moral y cohesión social, etcétera. Implica que una perturbación a cualquiera de las esferas mencionadas o a cualquier otra de interés supondría un riesgo no tolerable a la forma estable en la que debería desarrollarse su continuidad; y, por tanto, significaría una degradación de sus poderes y facultades hacia el interior y ante los ojos internacionales: su soberanía en su acepción más amplia de poder e independencia podría quedar en entredicho.

La inmigración como fenómeno puede fácilmente catalogarse dentro del Estado como un tema objeto de seguridad, al poner a prueba sus principales instituciones. El flujo de personas extranjeras hacia un territorio compromete la capacidad del sistema jurídico en la aplicación de las normas, la respuesta policial en aras de garantizar el cumplimiento de la ley, los sistemas de salud y demás servicios sociales como educación y vivienda, la efectividad de programas integradores de los foráneos, etcétera. A la sociedad le plantea el mantenimiento de sus valores e identidad, su nivel de interacción, convivencia, tolerancia y de asimilación de los extranjeros.

Por tanto, la inmigración con un flujo continuo de personas puede generar la sensación de amenaza a la estabilidad de las instituciones nacionales o de la sociedad, porque aunque esté claro que ésta ofrece beneficios, como la suma de una fuerza de trabajo para con los nativos desarrollar la economía nacional, el aumento de las tasas de natalidad o el enriquecimiento cultural, por el contrario tampoco se puede ignorar que la inmigración también conlleva grandes retos y problemas: la adaptación del individuo al colectivo, asuntos de delincuencia atribuibles a bandas juveniles características de determinadas nacionalidades, o la pugna con los autóctonos respecto de determinados espacios o actividades laborales, lo cual tiende a que la sociedad receptora, a través de la convivencia diaria con los inmigrantes, sea la primera susceptible de percibir (justificadamente o no) amenazas.

Percebida tal vulneración, trae como consecuencia la reacción en defensa de la colectividad autóctona por el mantenimiento de la cohesión e identidad nacional, manifestada a través de vías de protesta o exigencia ante las autoridades de la pronta toma de medidas en el asunto.

Entre los síntomas visibles de que en las sociedades han aflorado tensiones sociales a raíz de la interacción de los ciudadanos de sociedades receptoras con extranjeros están toda aquella agitación social de los partidos de extrema derecha, que especialmente en Europa se evidenció con Jean-Marie Le Pen al obtener un número significativo de votos en las pasadas elecciones generales francesas; o en las reacciones sociales acaecidas por el asesinato de un candidato a las elecciones holandesas a manos de un extranjero de origen árabe; o por ejemplo en los clamores de endurecimiento de las leyes de inmigración en Estados Unidos desde alas ultra conservadoras, aludiendo a amenazas a la identidad americana expuestas por la controvertida tesis del choque de civilizaciones de Samuel P. Huntington.

Partidos, aunque minoritarios, tienen su función de receptáculos y de explotación de los temores sociales por las ideas que exacerbán acerca de invasión, de avalanchas o mareas incontroladas desde el exterior y por parte de los más pobres, que pondrán en juego la continuidad del estado de bienestar, la seguridad ciudadana y la identidad nacional. Se considera que el aumento en esta percepción social es el resultado de «una actitud profundamente hipócrita... todos los sondeos demuestran la escandalosa contradicción que existe entre el discurso paranoico, provocador de angustias y odios, que elaboran algunos sobre la inmigración y la realidad de las necesidades de mano de obra en sectores enteros».

Un claro ejemplo asociado a que la inmigración está siendo objeto de «securitization» desde la esfera gubernamental es el relativo al cambio de órgano competente dentro del Estado-nación en el tratamiento de la materia: la mudanza desde los ministerios de Trabajo a la supeditación de los ministerios del Interior y/o de Justicia. Esto quiere decir, en el lenguaje político interno y en su proyección exterior, que la materia de inmigración se ha desplazado de la política de relaciones económicas internacionales a la alta política de seguridad internacional.

Otro ejemplo citable es la inmigración internacional de ciudadanos de terceros países hacia la Unión Europea, por ser también un caso evidente de securitización reflejado en el tratamiento jurídico e institucional que emana de los órganos supranacionales, porque se incluye el fenómeno migratorio como una materia insertada en los capítulos legales dedicados a desarrollar un «espacio de libertad, seguridad y justicia», y donde la inmigración, especialmente la ilegal, se equipara en su abordaje como asunto vinculado a problemas que deben resolverse al mismo compás que el tráfico de drogas, el terrorismo internacional, la trata de personas o la delincuencia internacional organizada.

A esta colocación en las agendas de los ministros del Interior y de Justicia han contribuido las objetivas cifras que aporta un fenómeno en constante crecimiento, así como el clamor del electorado y la influencia de los medios de comunicación social y agencias especializadas en seguridad y defensa constituidas en redes transnacionales de profesionales policiales, quienes se han encargado de afianzar la asociación consistente entre los diferentes temas en el lenguaje de políticos y profesionales, creando una ideología de seguridad interna mutuamente reforzada.

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Documento perteneciente a Luis Ernesto Flores. Licenciado en Derecho. Máster en Derecho de la Unión Europea y Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad Complutense de Madrid.

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