Los derechos fundamentales y el divorcio por mutuo consentimiento

Conflicto de derechos fundamentales en un divorcio por mutuo consentimiento.

Cómo resolver el conflicto con base en el siguiente escenario: Un convenio de divorcio sometido a la autoridad jurisdiccional respectiva es oscuro y, más grave aún, peca de omiso en lo que se refiere a derechos que afectan y pertenecen a los hijos habidos en matrimonio, y todo por cuanto la autoridad opta, en apego a su diligencia, por pedir que se aclaren los puntos específicos omisos u oscuros y que se aporte testimonio de la escritura adicional respectiva; y que, de no ser así, indica a las partes que no se homologa el convenio hasta que esos requisitos se cumplan a conformidad.

Previo al abordaje y a la solución que, según mi humilde criterio, debe aplicarse al caso concreto, refiero lo siguiente: A la fecha no ha de haber transcurrido ya mucho tiempo en que se declaró por la Sala Constitucional costarricense la inconstitucionalidad del artículo 48, inciso 7), del Código de Familia. La columna vertebral del voto sostiene: “que no existe base razonable, para dictar esos plazos, atentando contra la dignidad humana, no se debe violentar el derecho a divorciarse por el hecho de no cumplir un requisito injusto, que unos tendrán y otros no, contrarios al artículo 33 de la Constitución Política, atentando contra la libertad de rehacer su vida, y atentando con lo dispuesto en los artículos 1 y 17 inciso 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos.” Asimismo, y por conexidad, se declaró inconstitucional el artículo 60 del Código de Familia, únicamente en cuanto dispone que la separación por mutuo consentimiento no podrá pedirse sino después de dos años de verificado el matrimonio.

A tono con lo que se viene exponiendo, cabe destacar que este importante resultado conlleva intrínseco dos médulas: la primera, el sagrado respeto a la libertad de autodeterminación; y la segunda, todo lo referente al derecho a un trato igual. Empero, sostiene esa tesis que todo es mérito de inconstitucionalidad ante la presencia inequívoca de un “requisito injusto”; por ello entonces es necesario entender, en contraposición, que esos sagrados derechos de protección a la dignidad humana y un trato igual estarían subyugados a la apreciación jurídica de lo que es un requisito justo.

En el caso que nos ocupa resolver, se tiene entonces en apariencia un conflicto de intereses: por un lado tenemos a) el respeto a los derechos de los padres y b) el respeto a los derechos del niño. Empero, se debe tener presente que el legislador tendió la senda por la cual la autoridad jurisdiccional debe transitar en aras de resolver la situación sin subyugar los derechos de unos en pro de otros.

Anótese que, en los casos de divorcio por mutuo consentimiento, rige en la legislación el numeral 60 del Código de Familia costarricense, que si bien en apariencia y a priori impone un mandato fatal a los intereses de las partes —padres— que han presentado la manifestación inequívoca de romper su vínculo jurídico matrimonial, cuando sentencia: “Este pacto no valdrá mientras no se pronuncie la aprobación de la separación”. Se debe tener claro que esta declaratoria no debe sobreponerse como un deber en contra de lo que realmente es; una facultad. Así las cosas, y en aplicación a una interpretación constitucional del respeto a la libertad y dignidad de las personas y a los derechos superiores de los niños, el legislador en el mismo numeral ya precitado estableció que el juzgador podrá, en lo que se refiere a los derechos de los hijos, modificar el convenio de divorcio, dejando con ello la inequívoca voluntad manifiesta de que el conflicto debe resolverse y el juez es el llamado a ello, y que no debe prevalecer lo que la Sala Constitucional con atinado criterio definió como un requisito injusto.

En consecuencia, y en lo que nos ocupa, dictar una prevención a las partes que no imponga un plazo específico para cumplir con las prevenciones en lo referente al respeto a los derechos de los hijos, y mantener en estado de suspensión la homologación del pacto de divorcio, es a criterio de quien redacta un acto absolutamente violatorio de derechos fundamentales. Entérese que las razones cualesquiera sean por las que no se atienda la prevención a las partes para aclarar o determinar asuntos que competen a derechos de los menores, y estando en todo lo demás conforme a ley el convenio sometido a homologación, el juzgador debe resolver la situación porque así lo dispuso el legislador; tiene el poder. Por lo expuesto, lo actuado en el caso hipotético que nos ocupa es violatorio de los derechos de los padres, ya que los obliga a mantener un vínculo jurídico ante el cual existe manifestación expresa de su rechazo. Agrego, para finalizar en mérito de lo dicho, que también se violenta la garantía constitucional de obtener justicia pronta y cumplida.